PORQUE OPINAR DIFERENTE NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO DEMOCRATICO
Nuevamente la sombra de la duda se cierne sobre las universidades y sobre la
comunidad universitaria. Nuevamente se levantan voces anónimas para señalar
culpables, y dictar sentencias. Es así como una vez más estamos aquí para
hacerle frente a la dura realidad de nuestro país en donde pensar diferente
tristemente se ha convertido en un delito..
Los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad en Colombia que
hemos desarrollado una posición crítica y de defensa del derecho a la
educación, por el ejercicio de la autonomía universitaria, hemos sido víctimas
de constantes amenazas que ponen en riesgo nuestras vidas, y buscan acallar las
voces de quienes aun creemos en una Universidad realmente pública y al servicio
de la sociedad.
En esta ocasión queremos denunciar las practicas de señalamiento en las
universidades Nacional sede Medellín y de Antioquia, utilizando ahora el
facebook para vincular a activistas estudiantiles con la guerrilla, creando
falsas cuentas con sus nombres y señalándolos como pertenecientes a grupos
subversivos, poniendo en riesgo no solo sus vidas sino las de sus familias, y
constriñendo así su derecho a expresar sus puntos de vista y a continuar con la
defensa de la educación pública, democrática y de calidad.
Hacemos un llamado a rechazar este tipo de montajes y a rodear no solo a los
compañeros que hoy atraviesan esta penosa situación, sino a todos y todas
aquellas personas que por pensar diferente y ser críticos, frente las lesivas
políticas del actual gobierno como la supuesta revolución educativa y la
política de seguridad democrática, se han visto amenazados; la mejor forma de
expresar nuestra solidaridad es mantener la esencia de la universidad viva, es
decir, ser un centro de debate y lucha de ideas, donde cada uno de nosotros
tenga el pleno derecho a expresar lo que piensa sin ser señalado ni perseguido.
Las amenazas y el señalamiento nos preocupan, no lo podemos negar, pero no
alcanzan a impedir que nosotros y muchos más estudiantes, profesores,
trabajadores y organizaciones sigamos trabajando por la defensa de la
Universidad, el progreso y la justicia social en Colombia. Esa es nuestra
responsabilidad como sujetos conscientes, a ella no vamos a renunciar porque
seguimos presentes para disipar el terror con las ideas y materializar nuestros
sueños con la lucha.
Por todo lo anterior exigimos respeto a la oposición política que hacemos los y
las integrantes del Movimiento Universitario y en especial el estudiantil,
responsabilizamos al gobierno del señor presidente de la república, Álvaro
Uribe Vélez, quien mantiene una actitud hostil contra los dirigentes de
oposición política en Colombia, que se convierte en un ataque y señalamiento
contra las organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicales entre
otras, generando un estado de vulnerabilidad ante los grupos paramilitares,
puesto que se tiende a justificar el accionar militar contra los jóvenes que se
oponen a la política de seguridad democracia.
Desde el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional rechazamos este tipo
de montajes y reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la Autonomía
Universitaria y de la educación pública, democrática y popular.
PORQUE LA UNIVERSIDAD Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO VIVA EN COLOMBIA, NO MAS
SEÑALAMIENTOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
(ACEU, OCE, FUN, FENALPROU, ASPU, SINTRAUNICOL)
ENERO DE 2010
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
El Comité operativo de la Multiestamentaria Nacional reunido el jueves 21 de
Enero, en la Federación Nacional de Profesores, se ocupó de un balance de las
jornadas del año 2009 y de las perspectivas para el año que comienza.
En el panorama nacional se evidencian las grandes tensiones políticas ligadas a
las maniobras reeleccionistas, a la intensificación de la pobreza, el desempleo
y la continuidad de la represión, las amenazas y la violación de los derechos
humanos contra los líderes populares, en particular contra los universitarios.
En materia de Educación Superior, la aparición de un proyecto de Decreto único
temático que, supuestamente, incorpora las normas reglamentarias que se
encuentran vigentes, divulgado el 30 de diciembre de 2009, con un plazo para
hacer observaciones, hasta el 12 de enero, de 2010, inicialmente, luego hasta
el 30 y finalmente aplazado a la espera de la reforma a la ley 30.
La fecha de divulgación acompañada de una simulación de participación, súbita e
improvisada, no deja de ser sospechosa. Un Proyecto que incluye en el capítulo
de finanzas, numeral 6.2, el contenido del Decreto 3545 ,que fue denunciado
por la Multiestamentaria en jornadas exitosas en abril de 2005 y declarado
inconstitucional , por ser claramente violatorio de la autonomía universitaria.
No deja de ser sospechoso, si se tiene en cuenta el anuncio de la Ministra de
Educación de promover una reforma a la ley 30, anuncio que suscita más de un
interrogante. La ley 30, a pesar de que fue expedida en el contexto de la
Constituyente de 1991, estuvo precedida de un debate en el que participaron
académicos y contó con el aval del Congreso de Profesores reunido en Paipa,
contiene visibles inconsistencias. Entre ellas, la definición de la educación
como un servicio y no como un derecho; consagra la autonomía universitaria con
base en la Constitución Nacional, pero de hecho la niega, en la composición de
los Consejos Superiores, con una mayoría abrumadora de los sectores externos; y
las fallas en la organización del sistema de educación superior.
Pero lo fundamental de la ley, actualmente en la mira de la Ministra, es el
Artículo 86, según el cual se establece la indexación de las transferencias de
la Nación a las universidades públicas. En realidad, la financiación adecuada
de la educación superior ha sido una consigna de los universitarios colombianos
a lo largo del siglo XX, en jornadas memorables, que han dejado muchas víctimas
y sangre derramada. Por eso el Artículo 86 no es concesión gratuita, sino
resultado de un complejo proceso desplegado en el tiempo. Desde luego no es la
panacea, que resuelve las necesidades crecientes de la educación superior,
pero su desmonte sería el golpe más certero contra la política de subsidio a
la oferta de la Educación Superior y la consecuente ruina de todas las
universidades públicas.
Los 2 billones de pesos que se transfieren a las universidades representan una
cifra exigua en el Presupuesto Nacional /2010 y una vergüenza nacional si se
compara con otros países de América Latina de similar desarrollo y desde
luego con países desarrollados, pero tiene enemigos externos e internos muy
poderosos. Entre los externos, el Banco Mundial, que presiona la disminución
de los gastos del Estado, para imponer la doctrina neoliberal; entre los
internos, los ideólogos del mismo dogma encubiertos en el paradigma de la
educación como servicio transable que debe ser financiado por los estudiantes y
padres de familia, en el mercado perverso de la educación. En este año las
matrículas en las universidades privadas están en un rango entre 3 millones y 7
millones de pesos, por semestre llegando hasta el extremo de 15 millones, por
semestre, en algunas carreras de universidades de élite.
El Gobierno y sus asesores mencionan que se trata de un mecanismo de
recuperación de costos, lo que axiomáticamente significaría aumento
exorbitante de las matrículas, que en la actualidad representan apenas un 5%
del presupuesto de las universidades. Para que se conviertan en un rubro
significativo deberían estar en el orden de unos 3 millones de pesos por
semestre. La pregunta es: ¿Esa cifra está al alcance de los cerca de 650.000
estudiantes matriculados actualmente en las universidades públicas, por sus
méritos académicos?.
Es la confrontación ideológica y política. Por una parte los partidarios de
reconocer la educación como un derecho que debe financiar la sociedad a través
del Estado, esfuerzo que la universidad retribuye con el cumplimiento de su
misión al más alto nivel. Por otra parte, los partidarios del desmonte del
subsidio a la oferta, para imponer el del subsidio a la demanda, a pesar del
rotundo fracaso y las gravísimas consecuencias que experimenta el pueblo
colombiano en el sistema de salud.
Por lo pronto es necesario, con la mayor urgencia encender todas las señales de
alerta frente a las pretensiones de desmontar el Artículo 86 de la ley 30, que
representa un piso mínimo, pero indispensable para subsistir. Su desmonte
llevaría a la eutanasia de todo el sistema de educación pública que tanto
incomoda a los apóstoles del neoliberalismo y a los gobernantes de turno. El
artículo 86 no responde a los complejos componentes académicos, culturales y
administrativos de la educación superior, pero es un arma muy valiosa de
resistencia frente al chantaje y la manipulación, para violar la autonomía
universitaria e imponer una política de asfixia presupuestal y marchitamiento
académico de la educación superior, con la consigna globalizada de privatizar,
privatizar, privatizar.
Los demás aspectos de la ley: campos de acción, acreditación, formación integral
etc…pueden ser discutidos cuando se conozca el proyecto de ley.
El estado de alerta general debe estar acompañado de foros, talleres,
seminarios, asambleas, debates, movilizaciones, audiencia en el Senado, sin
olvidar que esta política de degradación de la educación superior está ligada a
las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe y sus acólitos.
POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, NO AL DESMONTE AMAÑADO DEL
ARTICULO 86 DE LA LEY 30.
COMITÉ OPERATIVO
MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
(ACEU, OCE, FUN, FENALPROU, ASPU, SINTRAUNICOL)
Bogotá, 21 de Enero de 2010.
Nuevamente la sombra de la duda se cierne sobre las universidades y sobre la
comunidad universitaria. Nuevamente se levantan voces anónimas para señalar
culpables, y dictar sentencias. Es así como una vez más estamos aquí para
hacerle frente a la dura realidad de nuestro país en donde pensar diferente
tristemente se ha convertido en un delito..
Los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad en Colombia que
hemos desarrollado una posición crítica y de defensa del derecho a la
educación, por el ejercicio de la autonomía universitaria, hemos sido víctimas
de constantes amenazas que ponen en riesgo nuestras vidas, y buscan acallar las
voces de quienes aun creemos en una Universidad realmente pública y al servicio
de la sociedad.
En esta ocasión queremos denunciar las practicas de señalamiento en las
universidades Nacional sede Medellín y de Antioquia, utilizando ahora el
facebook para vincular a activistas estudiantiles con la guerrilla, creando
falsas cuentas con sus nombres y señalándolos como pertenecientes a grupos
subversivos, poniendo en riesgo no solo sus vidas sino las de sus familias, y
constriñendo así su derecho a expresar sus puntos de vista y a continuar con la
defensa de la educación pública, democrática y de calidad.
Hacemos un llamado a rechazar este tipo de montajes y a rodear no solo a los
compañeros que hoy atraviesan esta penosa situación, sino a todos y todas
aquellas personas que por pensar diferente y ser críticos, frente las lesivas
políticas del actual gobierno como la supuesta revolución educativa y la
política de seguridad democrática, se han visto amenazados; la mejor forma de
expresar nuestra solidaridad es mantener la esencia de la universidad viva, es
decir, ser un centro de debate y lucha de ideas, donde cada uno de nosotros
tenga el pleno derecho a expresar lo que piensa sin ser señalado ni perseguido.
Las amenazas y el señalamiento nos preocupan, no lo podemos negar, pero no
alcanzan a impedir que nosotros y muchos más estudiantes, profesores,
trabajadores y organizaciones sigamos trabajando por la defensa de la
Universidad, el progreso y la justicia social en Colombia. Esa es nuestra
responsabilidad como sujetos conscientes, a ella no vamos a renunciar porque
seguimos presentes para disipar el terror con las ideas y materializar nuestros
sueños con la lucha.
Por todo lo anterior exigimos respeto a la oposición política que hacemos los y
las integrantes del Movimiento Universitario y en especial el estudiantil,
responsabilizamos al gobierno del señor presidente de la república, Álvaro
Uribe Vélez, quien mantiene una actitud hostil contra los dirigentes de
oposición política en Colombia, que se convierte en un ataque y señalamiento
contra las organizaciones sociales, políticas, juveniles, sindicales entre
otras, generando un estado de vulnerabilidad ante los grupos paramilitares,
puesto que se tiende a justificar el accionar militar contra los jóvenes que se
oponen a la política de seguridad democracia.
Desde el Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional rechazamos este tipo
de montajes y reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la Autonomía
Universitaria y de la educación pública, democrática y popular.
PORQUE LA UNIVERSIDAD Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO VIVA EN COLOMBIA, NO MAS
SEÑALAMIENTOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
(ACEU, OCE, FUN, FENALPROU, ASPU, SINTRAUNICOL)
ENERO DE 2010
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
El Comité operativo de la Multiestamentaria Nacional reunido el jueves 21 de
Enero, en la Federación Nacional de Profesores, se ocupó de un balance de las
jornadas del año 2009 y de las perspectivas para el año que comienza.
En el panorama nacional se evidencian las grandes tensiones políticas ligadas a
las maniobras reeleccionistas, a la intensificación de la pobreza, el desempleo
y la continuidad de la represión, las amenazas y la violación de los derechos
humanos contra los líderes populares, en particular contra los universitarios.
En materia de Educación Superior, la aparición de un proyecto de Decreto único
temático que, supuestamente, incorpora las normas reglamentarias que se
encuentran vigentes, divulgado el 30 de diciembre de 2009, con un plazo para
hacer observaciones, hasta el 12 de enero, de 2010, inicialmente, luego hasta
el 30 y finalmente aplazado a la espera de la reforma a la ley 30.
La fecha de divulgación acompañada de una simulación de participación, súbita e
improvisada, no deja de ser sospechosa. Un Proyecto que incluye en el capítulo
de finanzas, numeral 6.2, el contenido del Decreto 3545 ,que fue denunciado
por la Multiestamentaria en jornadas exitosas en abril de 2005 y declarado
inconstitucional , por ser claramente violatorio de la autonomía universitaria.
No deja de ser sospechoso, si se tiene en cuenta el anuncio de la Ministra de
Educación de promover una reforma a la ley 30, anuncio que suscita más de un
interrogante. La ley 30, a pesar de que fue expedida en el contexto de la
Constituyente de 1991, estuvo precedida de un debate en el que participaron
académicos y contó con el aval del Congreso de Profesores reunido en Paipa,
contiene visibles inconsistencias. Entre ellas, la definición de la educación
como un servicio y no como un derecho; consagra la autonomía universitaria con
base en la Constitución Nacional, pero de hecho la niega, en la composición de
los Consejos Superiores, con una mayoría abrumadora de los sectores externos; y
las fallas en la organización del sistema de educación superior.
Pero lo fundamental de la ley, actualmente en la mira de la Ministra, es el
Artículo 86, según el cual se establece la indexación de las transferencias de
la Nación a las universidades públicas. En realidad, la financiación adecuada
de la educación superior ha sido una consigna de los universitarios colombianos
a lo largo del siglo XX, en jornadas memorables, que han dejado muchas víctimas
y sangre derramada. Por eso el Artículo 86 no es concesión gratuita, sino
resultado de un complejo proceso desplegado en el tiempo. Desde luego no es la
panacea, que resuelve las necesidades crecientes de la educación superior,
pero su desmonte sería el golpe más certero contra la política de subsidio a
la oferta de la Educación Superior y la consecuente ruina de todas las
universidades públicas.
Los 2 billones de pesos que se transfieren a las universidades representan una
cifra exigua en el Presupuesto Nacional /2010 y una vergüenza nacional si se
compara con otros países de América Latina de similar desarrollo y desde
luego con países desarrollados, pero tiene enemigos externos e internos muy
poderosos. Entre los externos, el Banco Mundial, que presiona la disminución
de los gastos del Estado, para imponer la doctrina neoliberal; entre los
internos, los ideólogos del mismo dogma encubiertos en el paradigma de la
educación como servicio transable que debe ser financiado por los estudiantes y
padres de familia, en el mercado perverso de la educación. En este año las
matrículas en las universidades privadas están en un rango entre 3 millones y 7
millones de pesos, por semestre llegando hasta el extremo de 15 millones, por
semestre, en algunas carreras de universidades de élite.
El Gobierno y sus asesores mencionan que se trata de un mecanismo de
recuperación de costos, lo que axiomáticamente significaría aumento
exorbitante de las matrículas, que en la actualidad representan apenas un 5%
del presupuesto de las universidades. Para que se conviertan en un rubro
significativo deberían estar en el orden de unos 3 millones de pesos por
semestre. La pregunta es: ¿Esa cifra está al alcance de los cerca de 650.000
estudiantes matriculados actualmente en las universidades públicas, por sus
méritos académicos?.
Es la confrontación ideológica y política. Por una parte los partidarios de
reconocer la educación como un derecho que debe financiar la sociedad a través
del Estado, esfuerzo que la universidad retribuye con el cumplimiento de su
misión al más alto nivel. Por otra parte, los partidarios del desmonte del
subsidio a la oferta, para imponer el del subsidio a la demanda, a pesar del
rotundo fracaso y las gravísimas consecuencias que experimenta el pueblo
colombiano en el sistema de salud.
Por lo pronto es necesario, con la mayor urgencia encender todas las señales de
alerta frente a las pretensiones de desmontar el Artículo 86 de la ley 30, que
representa un piso mínimo, pero indispensable para subsistir. Su desmonte
llevaría a la eutanasia de todo el sistema de educación pública que tanto
incomoda a los apóstoles del neoliberalismo y a los gobernantes de turno. El
artículo 86 no responde a los complejos componentes académicos, culturales y
administrativos de la educación superior, pero es un arma muy valiosa de
resistencia frente al chantaje y la manipulación, para violar la autonomía
universitaria e imponer una política de asfixia presupuestal y marchitamiento
académico de la educación superior, con la consigna globalizada de privatizar,
privatizar, privatizar.
Los demás aspectos de la ley: campos de acción, acreditación, formación integral
etc…pueden ser discutidos cuando se conozca el proyecto de ley.
El estado de alerta general debe estar acompañado de foros, talleres,
seminarios, asambleas, debates, movilizaciones, audiencia en el Senado, sin
olvidar que esta política de degradación de la educación superior está ligada a
las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe y sus acólitos.
POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, NO AL DESMONTE AMAÑADO DEL
ARTICULO 86 DE LA LEY 30.
COMITÉ OPERATIVO
MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
(ACEU, OCE, FUN, FENALPROU, ASPU, SINTRAUNICOL)
Bogotá, 21 de Enero de 2010.
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